El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, ha sugerido un cambio radical en las operaciones federales: retirar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos ubicados en “ciudades santuario”.
La propuesta tiene como objetivo restringir el acceso de vuelos internacionales a estos centros, aparentemente como respuesta a la negativa de los legisladores demócratas a financiar el DHS. Sin embargo, el plan plantea importantes cuestiones logísticas, legales y económicas que podrían alterar todo el panorama de la aviación estadounidense.
El alcance de la propuesta
Si se implementa, la retirada de los servicios de inspección federales pondría fin efectivamente a todas las llegadas internacionales a varios de los centros de tránsito más críticos del país. La lista de aeropuertos potencialmente afectados incluye:
- Nueva York: JFK
- Los Ángeles: LAX
- Chicago: O’Hare
- San Francisco: OFS
- Otros centros importantes: Seattle, Denver, Boston, Filadelfia, Portland y Newark.
Debido a que los vuelos internacionales requieren una Estación de Inspección Federal (FIS) para procesar a los pasajeros que llegan, la eliminación de los funcionarios de la CBP haría imposible que las aerolíneas aterricen vuelos internacionales en estos lugares. Si bien los vuelos con autorización previa (donde los viajeros pasan por la aduana en su punto de partida) podrían continuar, funcionarían esencialmente como rutas nacionales, despojando a estos aeropuertos de su condición de puertas de entrada globales.
Defectos logísticos y jurisdiccionales
Los críticos señalan varios problemas fundamentales con la lógica del plan, particularmente en lo que respecta a la geografía y la jurisdicción:
- Jurisdicciones desalineadas: Muchas “ciudades santuario” en realidad no albergan los aeropuertos en cuestión. Por ejemplo, el Aeropuerto Nacional de Washington está ubicado en Arlington, Virginia, no en D.C., y el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) está ubicado en la zona no incorporada del condado de San Mateo.
- Impacto regional: Los principales centros como LAX y JFK prestan servicio a enormes regiones metropolitanas mucho más allá de los límites de la ciudad. Una decisión dirigida a una ciudad específica perturbaría inadvertidamente a los viajeros de los suburbios circundantes y los condados vecinos que dependen de estas puertas de entrada.
- El dilema de “propiedad propia”: La propuesta busca penalizar a los gobiernos locales por no cooperar con las autoridades migratorias. Sin embargo, al eliminar los puntos de inspección federales, la administración estaría apuntando a los Estados Unidos. ciudadanos, aerolíneas, transportistas de carga y empleados de aeropuertos en lugar de que los funcionarios municipales tomen decisiones políticas.
Consecuencias económicas y de aviación
Los efectos dominó de tal medida se extenderían mucho más allá de los viajes de pasajeros y podrían desestabilizar la economía nacional:
1. Interrupción de las cadenas de suministro globales
Solo el Puerto de Los Ángeles maneja aproximadamente 31% de todo el envío internacional en contenedores de Estados Unidos. Eliminar las capacidades aduaneras de los principales centros costeros crearía enormes cuellos de botella en el movimiento de carga, lo que afectaría a los minoristas, exportadores y consumidores de todo el país.
2. Caos operativo de las aerolíneas
Las aerolíneas operan con horarios complejos e interconectados. Si se prohibieran las llegadas internacionales en los principales centros, las aerolíneas se enfrentarían a una crisis:
– ¿Adónde van los vuelos? Redirigir cientos de vuelos internacionales a aeropuertos secundarios sería costoso e ineficiente.
– El problema de la conexión: Los viajeros internacionales suelen utilizar estos centros para conectarse con vuelos nacionales. Sin llegadas internacionales, el modelo de “centro y radio” utilizado por las principales aerolíneas colapsaría, lo que podría requerir subsidios gubernamentales masivos para evitar la insolvencia de las aerolíneas.
Contexto jurídico: el principio de “anti-comandancia”
El plan también enfrenta un obstáculo constitucional. Si bien el gobierno federal puede retener ciertos fondos para influir en la política estatal, la doctrina “anti-comandancia” impide que el gobierno federal ordene directamente a los funcionarios estatales o locales que hagan cumplir las leyes federales. Apuntar a la infraestructura federal (Aduanas) para castigar la negativa de un estado a ayudar en la aplicación de la ley de inmigración es un enfoque muy poco convencional y legalmente no probado.
Conclusión: Si bien pretende ser una palanca política contra las políticas de las ciudades santuario, la propuesta de retirar los servicios de Aduanas amenaza con perturbar el comercio global, paralizar las redes de aerolíneas y penalizar a los mismos ciudadanos y empresas estadounidenses que la administración busca proteger.
