En los últimos años, los esfuerzos para reformar las regulaciones de tarjetas de crédito a nivel federal –incluida la controvertida Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito (CCCA)– se han estancado en el Congreso. Sin embargo, los estados están llenando el vacío al introducir legislación que podría alterar drásticamente la forma en que los consumidores y las empresas manejan las transacciones con tarjetas de crédito. Illinois está a punto de ser el primer caso de prueba importante, con una nueva ley que entrará en vigor en 2026 y que prohíbe a las instituciones financieras cobrar tarifas de intercambio sobre impuestos sobre las ventas y propinas.
Este cambio es importante porque altera un sistema bien establecido diseñado para la seguridad, la protección contra el fraude y las recompensas para los consumidores. Si se replica en varios estados, podría fragmentar el panorama de pagos de EE. UU., haciendo que las transacciones sean más complejas y potencialmente menos seguras. La tendencia más amplia sugiere que a medida que la acción federal se desacelere, las intervenciones a nivel estatal se volverán más comunes, creando un mosaico de regulaciones que las empresas y los consumidores deberán navegar.
Cómo funcionan las transacciones con tarjeta de crédito
Cada transacción con tarjeta de crédito implica múltiples partes y tarifas. Los comerciantes pagan un pequeño porcentaje de cada venta (alrededor del 2%) para cubrir los costos de procesamiento, la prevención del fraude y la financiación de programas de recompensas para el consumidor (devolución de efectivo, puntos, millas). Esta tarifa se divide entre el banco emisor, la red de pago (Visa, Mastercard, American Express) y el procesador del comerciante.
Los consumidores se benefician de este sistema a través de protección contra fraudes y la capacidad de ganar recompensas, mientras que las empresas disfrutan de un proceso de pago relativamente fluido y seguro. El modelo actual minimiza el riesgo, especialmente en comparación con las transacciones en efectivo.
Nueva ley de Illinois: una implementación compleja
La Ley de Prohibición de Tarifas de Intercambio de Illinois (IFPA) tiene como objetivo eliminar las tarifas de intercambio sobre impuestos y propinas. Este cambio aparentemente pequeño introduce importantes obstáculos logísticos. Las empresas necesitarían dividir las transacciones en varias partes (una para los bienes/servicios y otra para los impuestos/propinas) o correrían el riesgo de perder una parte sustancial de sus ingresos.
La implementación de la ley se complica aún más por las diferentes tasas impositivas en los 102 condados y numerosos municipios de Illinois. Los grandes minoristas con equipos de contabilidad extensos están en mejor posición para adaptarse, mientras que las pequeñas empresas podrían tener dificultades para absorber los costos y la complejidad adicionales.
Según un estudio de la Coalición de Pagos Electrónicos, los 40 minoristas más grandes de Illinois captarían casi el 40% de cualquier ahorro en tarifas de intercambio, dejando a los 1,3 millones de pequeñas empresas del estado con la carga del cumplimiento y un beneficio financiero mínimo.
Por qué los consumidores sentirán el impacto
Es probable que la IFPA haga que las transacciones con tarjetas de crédito sean más engorrosas para los consumidores. Los restaurantes, por ejemplo, pueden exigir a los clientes que paguen la comida con una tarjeta y luego proporcionen efectivo o un cheque para pagar impuestos y propinas.
La privacidad es otra preocupación. Detallar las transacciones para evitar tarifas de intercambio podría exponer más datos de los consumidores a terceros. A pesar de estos posibles inconvenientes, el conocimiento de la ley sigue siendo bajo. Una encuesta reciente de Morning Consult encontró que sólo el 31% de los residentes de Illinois estaban al tanto de los cambios, pero la oposición aumentó al 61% una vez informados.
La tendencia más amplia: los estados prueban nuevos límites
Illinois no está solo. Más de dos docenas de estados consideraron una legislación similar el año pasado, aunque ninguna fue aprobada. Sin embargo, jurisdicciones como Colorado, Georgia, Pensilvania y el Distrito de Columbia todavía están explorando regulaciones que podrían alterar el panorama de las tarjetas de crédito.
El problema subyacente es la fricción entre la regulación a nivel federal y estatal. La inacción federal en la reforma de las tarjetas de crédito ha creado una oportunidad para que los estados experimenten con sus propias reglas, lo que ha llevado a un sistema fragmentado donde la conveniencia y seguridad de los pagos pueden verse afectadas.
En última instancia, la presión para regular las tarjetas de crédito a nivel estatal está impulsada por el deseo de reducir las tarifas comerciales, pero las consecuencias reales podrían recaer en los consumidores y las pequeñas empresas. El sistema de pagos global funciona mejor cuando es consistente, e inyectar inconsistencia a nivel estatal podría alterar la naturaleza misma de cómo las personas pagan y obtienen recompensas.
