Se informa que la administración Trump está avanzando hacia un rescate de 500 millones de dólares para Spirit Airlines, una medida que ha planteado importantes preocupaciones legales, económicas y regulatorias. El plan propuesto implica otorgar préstamos a la aerolínea en dificultades a cambio de garantías, lo que efectivamente otorga al gobierno una participación en la propiedad de una aerolínea privada.
Una apuesta financiera de alto riesgo
Spirit Airlines ha luchado con la rentabilidad durante años y recientemente salió de un proceso de quiebra sin un camino claro hacia la estabilidad a largo plazo. La cuestión fundamental es que los inversores privados ya no están dispuestos a financiar las pérdidas de la aerolínea, dejando al gobierno como el “prestamista de último recurso”.
Los críticos argumentan que se trata de “tirar el buen dinero al mal”. Si bien Spirit es conocida por su modelo de costo ultrabajo, una aerolínea subsidiada por el gobierno crea varias distorsiones en el mercado:
– Competencia reducida: Si bien la presencia de Spirit mantiene las tarifas bajas, una aerolínea cada vez más reducida o dependiente del gobierno puede no ejercer la misma presión competitiva sobre otras aerolíneas como Frontier.
– Incentivos desalineados: Si el gobierno tiene una participación en la propiedad, el Departamento de Transporte (DOT) puede enfrentar conflictos de intereses. Por ejemplo, al asignar franjas horarias en los aeropuertos, el DOT podría priorizar a Spirit para proteger el valor de su “inversión” en lugar de actuar únicamente en interés público.
– Interferencia regulatoria: Existe la preocupación de que la capacidad de la FAA para actuar de forma independiente pueda verse comprometida. Si la Casa Blanca tiene un interés financiero en la aerolínea, los inspectores pueden sentirse presionados a dudar al imponer multas o restricciones operativas.
El obstáculo legal: ¿está autorizado?
El aspecto más polémico de esta propuesta es su legalidad. Según la Ley Federal de Reforma Crediticia, el gobierno no puede otorgar préstamos o garantías a empresas privadas sin una autoridad presupuestaria específica otorgada por el Congreso.
Para evitar esto, la administración puede intentar invocar la Ley de Producción de Defensa (DPA). La DPA permite al poder ejecutivo otorgar préstamos a entidades privadas para proteger o restaurar la capacidad esencial para la defensa nacional. Sin embargo, la justificación para utilizar el DPA para Spirit Airlines es muy cuestionable:
– Spirit Airlines representa menos del 2% de la capacidad de viajes aéreos nacionales.
– Si bien la administración puede argumentar que el colapso del Spirit degradaría la “movilidad de emergencia” o la “capacidad laboral de la aviación”, muchos expertos legales consideran que estas afirmaciones son una extensión de la ley.
Si la administración intenta utilizar en su lugar el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, los desafíos legales probablemente se intensificarán, ya que este fondo no está destinado a rescates corporativos.
Por qué la administración está actuando ahora
El momento de esta medida sugiere motivaciones políticas. La administración parece ansiosa por evitar una quiebra de una aerolínea de alto perfil durante su mandato, en particular una que podría atribuirse a factores externos como los costos del combustible o las tensiones de política exterior.
Al intervenir, la administración busca evitar el “caos” de un colapso del Spirit, pero el costo es doble:
1. Costo directo: Una pérdida potencial de 500 millones de dólares de fondos de los contribuyentes si la aerolínea no logra recuperarse.
2. Costo sistémico: La erosión del Estado de derecho y el precedente del uso de poderes de emergencia para subsidiar corporaciones privadas en quiebra.
“Extender la ley para alcanzar un resultado deseado viola los principios fundamentales del estado de derecho, independientemente del objetivo perseguido.”
Conclusión
La propuesta de rescate de Spirit Airlines representa un alejamiento significativo de la economía de mercado tradicional y de las normas legales. Si se ejecuta, se corre el riesgo de sentar un precedente en el que el gobierno utilice justificaciones de defensa nacional para enmascarar los subsidios a empresas privadas en dificultades.
