Una empresa de seguridad de la aviación con sede en Dubai está intentando embargar 15,3 millones de dólares en deudas impagas contraídas por el antiguo gobierno afgano, dirigidas a fondos en poder de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). El caso pone de relieve las complejas consecuencias financieras de la toma de poder de los talibanes y la lucha en curso para hacer cumplir los laudos de arbitraje internacional contra actores no estatales y sus activos.
La disputa: un contrato que salió mal
El conflicto se remonta a 2018, cuando Olive Group, una empresa con sede en Dubai, consiguió un contrato con la Autoridad de Aviación Civil de Afganistán (ACAA) para proporcionar servicios de seguridad en cuatro aeropuertos internacionales. El acuerdo estaba valorado en aproximadamente 38 millones de dólares.
Sin embargo, la asociación se deterioró rápidamente. Olive Group acusó a la ACAA de incumplir el contrato mediante varias acciones:
* Retención de fondos: El regulador retuvo el 10% de los ingresos mensuales sin una justificación clara.
* Obstáculos administrativos: Problemas de visa y personal obligaron a Olive a perder un lucrativo contrato de seguridad con la embajada de Canadá.
* Terminación injustificada: En 2020, la ACAA rescindió el contrato de Olive sin un proceso de licitación, adjudicando el trabajo a una empresa diferente a un precio más alto. Los críticos sugieren que esta decisión estuvo influenciada por la interferencia política del entonces presidente Ashraf Ghani, lo que generó dudas sobre corrupción y favoritismo.
La victoria del arbitraje
Olive Group inició un arbitraje en Dubai en 2021. En noviembre de 2023, un tribunal de arbitraje falló a favor de Olive y ordenó el pago de 15,3 millones de dólares más un 3 % de intereses posteriores al laudo.
La ACAA intentó evadir el fallo, argumentando que la toma del poder por parte de los talibanes les impedía conseguir representación legal o consultores extranjeros. El tribunal desestimó estos reclamos, señalando que la falta de comparecencia de la ACAA en procedimientos posteriores en Estados Unidos resultó en una sentencia en rebeldía.
El obstáculo jurisdiccional
Con la indemnización asegurada, Olive Group recurrió al sistema legal estadounidense para cobrar la deuda. Identificaron una posible fuente de fondos: tarifas de sobrevuelo cobradas por la IATA a las aerolíneas que vuelan a través del espacio aéreo afgano. Estos honorarios se guardaban en una cuenta bancaria suiza en nombre del Estado afgano antes de la toma del poder por los talibanes.
Olive presentó una acción de embargo en Washington, D.C., donde la IATA mantiene una importante presencia de lobby. La compañía argumentó que IATA estaba sujeta a jurisdicción en D.C. debido a su antigua oficina, empleados y actividades regulatorias allí.
Sin embargo, el tribunal federal de D.C. falló en contra de Olive Group por motivos jurisdiccionales:
1. Sin jurisdicción general: IATA está constituida en Canadá y su sede en América del Norte está en Miami, no en D.C.
2. Sin jurisdicción específica: La disputa surgió de la recaudación de tarifas en Suiza y Afganistán, no de las actividades de lobby de la IATA ni de los costos de oficina en Washington.
En consecuencia, el tribunal carecía de autoridad para embargar los fondos en poder de la IATA, a pesar de que la cuenta contiene aproximadamente 3,1 millones de dólares.
Los próximos pasos
Sin inmutarse, Olive Group ha presentado una demanda casi idéntica en el Distrito Sur de Florida, donde se encuentra la sede norteamericana de la IATA. Esta medida tiene como objetivo establecer una jurisdicción adecuada sobre el organismo de aviación internacional.
Mientras tanto, el panorama financiero de la aviación afgana ha cambiado drásticamente. Desde que asumieron el poder, los talibanes han convertido las tarifas de sobrevuelo en una fuente de ingresos crítica. Dado que las aerolíneas evitan el espacio aéreo ruso debido a las sanciones, los vuelos a través de Afganistán han aumentado, y los talibanes cobran 700 dólares por vuelo. Esto convierte a los derechos sobre el espacio aéreo en un bien valioso, lo que complica cualquier intento de los acreedores de reclamar deudas históricas con fondos generados bajo el nuevo régimen.
Conclusión: La batalla legal del Grupo Olive subraya la dificultad de hacer cumplir las sentencias financieras en zonas de posconflicto. Si bien el arbitraje internacional proporciona un mecanismo para resolver disputas, recaudar activos de entidades como IATA o gobiernos no reconocidos sigue siendo un desafío legal complejo, complicado aún más por los cambios geopolíticos y los cambios en los modelos de ingresos.
